Sandra López Fernández, Universidad de Castilla-La Mancha
¿Alguna vez se ha preguntado quiénes son las mujeres vestidas de blanco que dan de merendar a su familiar cuando va a visitarle a la residencia? ¿Ha hablado con ellas más allá de solicitarles un vaso de agua o un pañuelo? ¿Sabe cómo se llaman? ¿Sabe
qué tuvieron que hacer algunas de ellas para conservar su empleo?
En España, para poder dedicarse profesionalmente a los cuidados de los mayores en las residencias, las mujeres (más del 80 % de los empleados en este sector lo son) han de tener, al menos, una formación básica: el Certificado de Profesionalidad de Atención Directa para Personas Dependientes en Instituciones. Según la legislación vigente, desde el comienzo de 2024 quienes no la poseen pueden ser despedidas procedentemente.
La formación de las trabajadoras en el ámbito de las residencias es esencial para mejorar la calidad del cuidado. Pero este proceso, entendido como profesionalización del sector, no fue tarea fácil. Las mujeres que se enfrentaron al cambio normativo se encontraron con tres brechas: la digital, la de género y la intergeneracional.
Muchas de estas mujeres tuvieron que completar su dilatada experiencia laboral en el sector de los cuidados con cursos teóricos. ¿Qué ocurría cuando no podían compatibilizarlo con sus horarios laborales? Pues que estaban obligadas a cursarlos en línea. Los retos que supone este tipo de formación para determinados colectivos son obvios. En algunos casos, lo consiguieron con la ayuda de sus familiares cercanos.
¿Sabría cambiar el pañal a una persona adulta?
Cabe la cuestión de si todo puede aprenderse en línea. ¿Sabría cambiar un pañal a una persona adulta dependiente sin haber despegado una sola vez el adhesivo de la solapa? ¿Sabría cómo colocar una cuchara en una boca que apenas se abre, pero que tampoco tiene fuerza para cerrarse? ¿Cómo lo haría si tuviera que quitar e higienizar una dentadura postiza?
La más famosa de todas las brechas también está presente en las trabajadoras de las residencias. Las organizaciones se caracterizan por la distribución desigual del poder. También lo hacen los centros de cuidados para
mayores. Los puestos con calidad directiva y de gestión están ocupados en un 91 % por hombres. Esta segregación está más presente en instituciones privadas ya que, aunque la dirección del centro recaiga en figuras femeninas, la gerencia de la empresa gestora de servicios sigue estando sobre todo en manos de hombres.
Podría llamarse Concha, tener 63 años y haberse incorporado al mercado laboral con 45 años, una vez que sus tres hijos ya eran algo más independientes. Ahora cuenta los meses para jubilarse. Sin embargo, lo tendrá que hacer antes, pero forzosamente. Cuando llegó a la residencia aprendió a marchas forzadas cómo cambiar un pañal, dar de comer o qué era la (entonces casi desconcida) enfermedad de Alzheimer.
Aprendió de la mano de sus compañeras más experimentadas. Pero no se ve con fuerzas para retomar de nuevo los libros, está cansada. Se despide de las más jóvenes de la plantilla con palabras tristes: “A veces solo necesitan cariño”. Le hubiera gustado instruir en los buenos cuidados a toda una generación que llega formada pero sin experiencia.
Pero si las residencias de mayores son de gestión pública, esta formación no es suficiente. Para acceder a los puestos como auxiliar de enfermería (TASOC) de carácter público se necesita, al menos, una formación profesional reglada. ¿Qué está ocurriendo entonces? Quienes pueden, continúan sus estudios y, consecuentemente, mejorarán sus condiciones laborales. Por ejemplo, en los salarios: un 10 % más altos que los de sus compañeras del sector privado. También son mejores los turnos de trabajo y menores los riesgos laborales registrados.
Cuando se hace referencia a las trabajadoras de atención directa en la residencias de mayores tendemos a la generalización. Sin embargo, no son todas iguales.
Tendencia a la privatización del modelo
No obstante, el modelo de cuidados residencial tiende a la privatización. Miguel Rico recoge una investigación al detalle sobre este fenómeno. La gestión privada persigue plusvalía, no los cuidados: se trata de ofrecer los servicios sin perder de vista los gastos. Para este modelo la prioridad no es el bienestar, sino el beneficio. También de aquellas residencias que prestan sus servicios “sin ánimo de lucro”.
En este modelo de residencias, más del 70 % en España, el convenio colectivo recoge salarios más bajos para las trabajadoras certificadas que se encargan de los cuidados que los de sus compañeras de la sanidad pública. Los ratios de personal también son más bajos. En este modelo de gestión el tamaño también importa, puesto que cuanto mayor sea el negocio, mayores serán los beneficios. Eso también afecta al cuidado y, por supuesto, a las profesionales que cuidan de los mayores.
Sandra López Fernández, Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética, Universidad de Castilla-La Mancha
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.