Samuel López López, Universidad de Castilla-La Mancha

El contexto histórico influye en las prioridades de quienes toman las decisiones de políticas públicas, y una de las circunstancias que determinan la toma de este tipo de decisiones son las tensiones belicistas. Las contiendas armadas hacen cambiar las preferencias de quienes deciden a qué dedicar los recursos económicos de los países.

Estos cambios atienden al criterio, básico en la gestión pública, de coste-oportunidad: si un recurso se utiliza en una cuestión determinada no puede ser utilizado para resolver otra.

Antecedentes

Ya ha sido estudiada la relación entre el aumento del gasto militar en época de conflictos bélicos y el gasto público en salud. En 2023, los investigadores Masako Ikegami y Zijian Wang analizaron el “efecto desplazamiento” (crowding-out) del gasto público en salud en 116 países, con especial atención en países en desarrollo, debido al incremento en los gastos de defensa. Esta investigación muestra que el gasto militar tiene una relación negativa y significativa con el gasto sanitario público.

Asimismo, en 2024, los profesores Nikolaos Grigorakis y Giorgos Galyfianakis evaluaron cómo afectó, entre los años 2000 y 2021, el gasto militar a los llamados pagos de bolsillo (aquellos que el paciente realiza en el momento de la atención médica, incluyendo los copagos de los seguros) en los países de la OTAN.

Los autores –que investigan el efecto de la militarización en contextos de seguridad creciente sobre la equidad y accesibilidad de los sistemas de salud– determinaron que el gasto militar se asocia con un incremento en ese tipo de pagos. El rearme genera un desplazamiento financiero que repercute en mayor carga económica sobre los ciudadanos, lo que compromete la equidad del acceso sanitario.

Los resultados de otro estudio, este de 2017, muestran que, en términos de producto interior bruto (PIB), por cada punto porcentual que sube el gasto militar, el gasto en salud pública cae de media un 0,62 %, oscilando en una horquilla de entre el 0,96 % de descenso en países de renta media-baja y un 0,56 % en países de renta media-alta.

Los datos para España

Dado que España se encuentra en la encrucijada y el debate público de si alcanzar el 5 % del PIB en gasto militar que se le pide como miembro de la OTAN, sería interesante estimar qué consecuencias tendría dicho aumento para la salud de sus ciudadanos.

Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2023 el gasto sanitario público ascendió a 94 694 millones de euros, suponiendo el 71,7 % del gasto sanitario total (131 984 millones de euros). Esta cifra representa el 7,8 % del PIB español.

Para tratar de medir las posibles consecuencias del desplazamiento financiero de salud a defensa hemos hecho un cálculo aproximado de la reducción de las capacidades de inversión del sistema público español de salud, a partir de la referencia previa de que los países de rentas medias y altas reducen su gasto en salud en un 0,56 % del PIB por cada 1 % de aumento del gasto militar.

Entre 2020 y 2024, el gasto español en defensa ha ido aumentando progresivamente, pasando de representar de menos del 1 % del PIB en 2020 a más del 2 % para 2025 (gasto pendiente de ejecutar y cuantificar en millones de euros).

Poniendo el foco ahora en el gasto público en salud, vemos que el máximo se alcanzó en 2020, año de inicio de la pandemia.

Desplazamiento del gasto: de sanidad a defensa

Teniendo en cuenta que España ya ha manifestado su voluntad de llevar su aportación al 2,1 % del PIB, si finalmente la incrementa hasta el 5 % que exige el gobierno estadounidense a sus compañeros de alianza, el porcentaje del PIB español dedicado a la atención sanitaria se vería reducido en un 1,61 %, pasando del 7,8 % –si tomamos como referencia 2023– al 6,18 %.

Estos son 1 527 millones de euros menos de inversión pública en sanidad se traducirían en una reducción de las prestaciones y servicios y un mayor gasto de bolsillo de los ciudadanos.

Otro escenario sería el aumento de los gastos de bolsillo de los ciudadanos para acceder a los servicios de salud. Según datos de 2023, los españoles destinaron una media de 499 euros anuales a dichos gastos. Si a esa suma se le agrega la caída de la inversión pública en salud (1 526,84 millones de euros) y ese monto total tuviera que ser asumido por los ciudadanos (a 1 de enero de 2024, la población española era de 48 619 695 habitantes), esto supondría una cantidad aproximada de 31,40 € por habitante de subida del gasto de bolsillo en salud, lo que representaría un incremento del 6,29 % respecto a 2023.

Garantizar derechos

Los recursos públicos son limitados y, por ello, un incremento en la inversión en un área determinada comporta una reducción posterior del gasto público en otras. De acuerdo a las investigaciones reseñadas en el texto, el incremento del gasto en defensa afecta a los gastos del área pública de salud.

¿Las consecuencias para los ciudadanos? Posiblemente un empeoramiento de la oferta sanitaria pública y la necesidad de afrontar de manera privada los gastos en salud, en forma de pagos de bolsillo.

El debate sobre inversión pública, contexto geopolítico y gasto en defensa debe contar con datos respaldados en la investigación y un análisis profundo de sus efectos en otras áreas del gasto público para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Samuel López López, Profesor de Gestión de Servicios de Salud, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.